Una historia de brutalidad todavía oculta: El derecho a la verdad en Guatemala

La brutal guerra civil en Guatemala que terminó en 1996 dejó unos aproximados 200,000 muertos o desparecidos. La gran mayoría fueron víctimas del reino de terror instituido por el gobierno militar de la época en su lucha contra los rebeldes izquierdistas, y la población indígena y campesina que según el gobierno les brindaban apoyo. Entre las víctimas de la violencia estatal había 183 personas que figuraban en un diario de la muerte—el Diario Militar—creado por El Archivo, la tristemente célebre unidad de inteligencia presidencial de Guatemala.   

Sergio Saúl Linares Morales es una de las víctimas que figura en el Diario Militar. Fue secuestrado el 23 de febrero 1984 cuando salía del trabajo y su vivienda fue allanada el mismo día. Su esposa embarazada y su hija huyeron en busca de seguridad y no lo volvieron a ver.

Las 183 personas que figuraban en el Diario Militar eran consideradas adversarios políticos del gobierno guatemalteco. Fueron secuestrados, detenidos en cárceles clandestinas, y en la mayoría de los casos, ejecutados durante el régimen militar de Óscar MejíaVíctores entre 1983 y 1986. Evidenciando una acción estatal calculada, el Diario Militar enumera las víctimas—presenta sus fotos, nombres, edades, supuestos vínculos, fecha de captura y fecha de ejecución.

Increíblemente, el Diario Militar solamente se dio a conocer al ser filtrado sin autorización. Fue entregado a Kate Doyle del Archivo Nacional de Seguridad de los EEUU en 1999—la misma semana que la comisión de la verdad de Guatemala, La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, presentó su informe final después de dos años de investigación sobre abusos de los derechos durante la guerra civil. 

Aún después de terminado el conflicto armado, el gobierno ha seguido sistemáticamente ocultando y negando la existencia de información relevante relacionada a la desaparición de las víctimas que figuran en el Diario Militar. No ha llevado a cabo una investigación a fondo u otro mecanismo para descubrir la verdad de lo ocurrido. El acceso a archivos militares y de inteligencia sigue siendo seriamente limitado—para los familiares, investigadores y fiscales, y el público en general. 

En respuesta a esto, los familiares de algunas de las personas que figuran en el Diario Militar  han presentado sus casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual llevó a cabo una audiencia pública en abril del 2012. Están solicitando que la Corte dictamine, casi 30 años después de los abusos, que Guatemala violó los derechos de las víctimas, sus familiares y el público mediante la comisión inicial de los delitos, el posterior encubrimiento y la negativa a investigar y procesar los delitos.

La Open Society Justice Initiative apoyó al caso del Diario Militar con un escrito de amicus aseverando el derecho a la verdad, presentado con La Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH) en Perú y La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en México.

El derecho a la verdad es el derecho de las víctimas y de la sociedad en su conjunto de saber la verdad sobre lo que ocurrió en casos de graves violaciones de los derechos humanos o incumplimientos graves del derecho internacional humanitario. La Corte Interamericana ha reconocido el derecho a la verdad resultante del derecho a un recurso efectivo (Artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) y el derecho a la información (Artículo 13). Si bien el derecho a la verdad existe en todas las situaciones, es de especial importancia durante una transición democrática o después de la represión ejercida por el Estado.  

La verdad no es sustituto de la justicia, pero los requisitos del derecho a la verdad van más allá  de la sanción de los perpetradores individuales. Nosotros y nuestros asociados le estamos solicitando a la Corte Interamericana que defina con claridad las responsabilidades del Estado derivadas del derecho a la verdad. Estas incluyen 

  • La obligación de archivar documentos, impedir su destrucción y permitir su acceso;
  • Limitar las restricciones a la divulgación, y probar la necesidad de secreto ante una corte o tribunal independiente;
  • Buscar documentos, y en algunas circunstancias, recoger y generar, o reconstruir información no disponible;
  • Asegurar la vigilancia efectiva y escrupulosa de los documentos; y
  • Cumplir con las obligaciones dentro de un plazo razonable.

El gobierno guatemalteco no ha cumplido con estas obligaciones en el caso del Diario Militar, lo cual representa un reto importante en relación a una negación más general a investigar y procesar abusos de derechos humanos por parte de sus agentes, y divulgar a las víctimas y al público en general los hechos de estos abusos.  

Según la comisión de la verdad, el personal de seguridad del Estado de Guatemala y los paramilitares fueron responsables de más del 90 por ciento de todas las violaciones documentadas a los derechos durante la guerra civil, incluyendo actos de genocidio. 

El gobierno reiteradamente se negó a entregarle información de los archivos del Estado a la comisión de la verdad. Cuando el Tribunal Constitucional de Guatemala ordenó la divulgación de un plan operativo militar—Plan Sofía—que presentaba detalles sobre los intentos del Estado en 1982 de “exterminar elementos subversivos en el área” de Ixil, en la parte noroeste de Quiché,  el Ministerio de Defensa no aceptó divulgarlo y negó su existencia. Actualmente está disponible públicamente, pero solamente—una vez más—porque fue filtrado sin autorización.

En marzo del 2009, el entonces presidente del país, Álvaro Colom, estableció la Comisión Presidencial para la Desclasificación de Archivos Militares, supuestamente para investigar y divulgar públicamente los documentos militares de la guerra civil. Existió durante dos años pero más que nada fue una cortina de humo. Carecía de independencia, acceso, rigor y transparencia: más de la mitad de sus miembros eran oficiales militares; no tenía acceso a la gran mayoría de documentos de los años más duros de la guerra. Incluso el informe final continúa siendo secreto.  

Pero en el gobierno actual del Presidente Otto Pérez Molina, un ex Director de Inteligencia Militar, puede haber aún menos entusiasmo que antes por investigar atrocidades del pasado. Durante sus primeros seis meses, el nuevo gobierno negó que hubiera genocidio en Guatemala y dio a entender que una amnistía limitada prohíbe los procesos en curso. También cuestionó la autoridad de la Corte Interamericana para examinar a fondo los casos relacionados a violaciones de derechos humanos perpetrados durante la guerra civil.  

Un número limitado de investigaciones penales importantes y de elevado perfil está en curso en Guatemala y España—incluyendo un caso de genocidio en Guatemala contra ex generales y el famoso dictador José Efraín Ríos Montt, y acusaciones por la Corte Nacional de España de Ríos Montt y su sucesor Mejía Victores. Sin embargo, aún no hay señales de justicia para las víctimas que figuran en el Diario Militar.

Los restos de Sergio Linares fueron finalmente descubiertos por la  Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) en un antiguo destacamento militar afuera de la Ciudad de Guatemala. Su cuerpo, identificado en 2011, fue uno de 220 cuerpos exhumados de fosas comunes en esta localidad.

En el Diario Militar, figura como el número 74 y la foto publicada ahí es la última que se conoce de él con vida. En el diario del escuadrón de la muerte, se le describe a Sergio como comunista, miembro del Partido  Guatemalteco de los Trabajadores. La descripción de lo que le ocurrió tiene precisión y eficiencia militar: “23-02-84: Capturado en la Zona 9.” Y luego, escrito a mano, “29-03-84: 300,” para indicar la fecha y el hecho de su ejecución. 

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