El Relator de Naciones Unidas sobre Racismo revela la existencia del uso “persistente y generalizado” de perfiles étnicos por parte de la policía española

La organización Open Society Justice Initiative insta al estado español a responder de manera positiva a un reciente informe de Naciones Unidas que documenta que el uso de perfiles étnicos por parte de los agentes de la policía a la hora de realizar controles de identidad es “un problema persistente y generalizado”.

Un informe [pdf] del Relator Especial de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Mutuma Ruteere, advirtió que el uso de perfiles étnicos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles tiene “un impacto significativo y adverso en las relaciones entre la policía y la comunidad y en el disfrute de los derechos de las personas” objeto de estas prácticas.

El informe, que ha sido remitido recientemente al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tras la visita del Sr. Ruteere a España en enero, establece que “el problema de los controles de identidad policiales dirigidos a determinados grupos étnicos, incluyendo minorías, personas gitanas y migrantes, especialmente de África, Asia y Sudamérica, sigue siendo un desafío”.

El Gobierno ha alegado que ya se han dado pasos significativos para prevenir el uso de perfiles étnicos por parte de la policía, incluyendo la adopción en mayo del año pasado de la Circular 2/2012, que estableció que la policía debe evitar actuaciones masivas basadas únicamente en criterios étnicos.

Sin embargo, el informe de Naciones Unidas refleja que determinados colectivos de la sociedad civil han denunciado que “el uso de perfiles étnicos ha persistido desde la entrada en vigor de la nueva Circular”.

Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, un colectivo activista que monitorea las actuaciones policiales, documentó la existencia de 255 controles de identidad discriminatorios durante los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la Circular. El Gobierno ha admitido no tener datos sobre la efectividad real de la Circular para prevenir el uso de perfiles étnicos.

Justice Initiative señala el fracaso del Gobierno a la hora de responder a la recomendación del informe en cuanto al establecimiento por ley de “una prohibición específica del uso de perfiles raciales” y “de claros criterios dirigidos a los agentes encargados de hacer cumplir la ley para iniciar y realizar paradas y controles de identidad”. El informe también recomienda a España:

  • La introducción e implementación por parte de la policía de formularios de identificación en los que se registren todos los controles de identidad, con el fin de proporcionar a las víctimas del perfil étnico una prueba de su encuentro con la policía, y de recopilar datos de las identificaciones desglosados por el origen étnico de las personas.
  • El establecimiento de un mecanismo de supervisión de las actuaciones policiales discriminatorias y del uso de perfiles étnicos.
  • Fomentar y asegurar la diversidad étnica y cultural en el seno de las fuerzas y cuerpos de Seguridad.
  • Establecer relaciones de confianza entre la comunidad y la policía y poner en marcha iniciativas de policía comunitaria.
  • Proporcionar recursos para la formación en derechos humanos y no discriminación.
  • Llevar a cabo campañas de sensibilización para informar a las personas de sus derechos.

La mayoría de las buenas prácticas recomendadas por el Relator Especial ya han sido exitosamente puestas en marcha por la Policía Local de Fuenlabrada, en el área metropolitana de Madrid. El Sr. Ruteere hizo mención específica de los esfuerzos realizados en las policías de Fuenlabrada y Girona como “un ejemplo de buenas prácticas que podrían ser emulados en otras jurisdicciones”.

James A. Goldston, director ejecutivo de Open Society Justice initiative, ha advertido que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya dictaminó hace cuatro años en el caso Rosalind Williams c. España que el uso de perfiles étnicos por parte de los agente españoles encargados de hacer cumplir la ley constituía una discriminación ilegal y ha añadido que:

“El Gobierno español sabe que tiene un problema. Pero también cuenta con el ejemplo de Fuenlabrada y de otros lugares donde estos problemas se han abordado exitosamente. Los costes de no hacer nada acabarán consistiendo en un aumento del aislamiento y el sufrimiento de las comunidades que están siendo ilegal e injustamente seleccionadas por la policía”.

Open Society Justice Initiative, parte integrante de Open Society Foundations, utiliza la ley para proteger y capacitar a las personas en el mundo. El trabajo de Justice Initiative en materia de no discriminación incluye actividades tales como la investigación, el litigio y la capacitación, dirigidas todas ellas a erradicar la utilización de perfiles étnicos por parte de la policía en Estados Unidos y Europa.