Sentencia del Tribunal de la República Dominicana desata amenazas de un apatridismo masivo

El Open Society Justice Initiative insta al gobierno de la República Dominicana a garantizar que ninguno de sus ciudadanos sea convertido en apátrida, a raíz de una fallida sentencia del Tribunal Constitucional  que dispone la desnacionalización de cientos de miles de dominicanos de ascendencia Haitiana.

La decisión del Tribunal Constitucional, 11 a favor 2 en contra, con fecha  23 de septiembre, dictaminó que la disposición sobre nacionalidad en la constitución dominicana de 1929, en la que se reconoce como ciudadano a cualquier individuo nacido en el país, no se aplica a los hijos de padres que no eran “residentes legales” al momento de su nacimiento, aduciendo que sus padres estaban “en tránsito”.

La sentencia  tendría como resultado que estos niños, así como generaciones posteriores nacidas en suelo Dominicano, sean excluidos de la garantía de ciudadanía que contempla la constitución.

La disposición despoja de manera efectiva  los derechos de ciudadanía de los descendientes de inmigrantes haitianos establecidos en la República Dominicana desde inicios del siglo 20, a pesar del hecho de que la constitución vigente declara como dominicano a cualquiera que haya obtenido la ciudadanía antes del año 2010, de aplicarse esta disposición  gran  mayoría de estos individuos se quedarán apátridas.

“Estamos sumamente preocupados por esta sentencia” declaró James A. Goldston, director ejecutivo del Open Society Justice Initiative. “Se trata de una amenaza de desnacionalización masiva que probablemente tendrá un impacto desastroso en cientos de miles de ciudadanos dominicanos. En consecuencia, habrán miles de personas en situación de apatridia, a las cuales se les excluirá de los servicios básicos otorgados por el estado, incluido el acceso a los servicios médicos y educativos”.

El Justice Initiative  destaca que el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU ha instado al gobierno para que “tome todas las medidas necesarias para garantizar que los ciudadanos Dominicanos de origen Haitiano no sean privados de su derecho a la nacionalidad de acuerdo a las obligaciones sobre los derechos humanos internacionales del país”.

Goldston declaró que el dictamen también implica la aplicación retroactiva de la ley, lo cual es inadmisible según la ley dominicana e internacional.

Además:

 • La ley contraviene en forma directa una sentencia  de 2005 de la Corte  Interamericana de Derechos Humanos. Su decisión sobre el caso de Yean y Bosico vs.  República Dominicana, dictaminó que la situación migratoria de los padres nunca debe constituir una justificación para la  privación de la nacionalidad y que los hijos no pueden heredar la situación migratoria de sus padres.

 El tribunal destacó que “para considerar que una persona está en tránsito, sin importar la clasificación que se utilice, el Estado debe respetar un límite temporal razonable y comprender que el extranjero que desarrolla relaciones en  un Estado no se puede equiparar a una persona en tránsito”.

El tribunal constitucional, en contravención directa con la resolución de la Corte  Interamericana, no solo iguala  el concepto de "en tránsito" con el de no residencia, sino que también ordena que dicho requerimiento se aplique de manera retroactiva  más de 80 años.

 • La sentencia  también ordena un procedimiento perturbador para su implementación, que podría considerarse como un incumplimiento de las prohibiciones internacionales contra la discriminación racial y étnica. Propone identificar a todos los ciudadanos de ‘origen extranjero’del Registro Civil y ponerlos en una lista y crear una segunda lista para quienes, según el nuevo criterio que otorga el tribunal, se considere que fueron registrados equivocadamente como Dominicanos. Los nombres de las personas en las listas de este nuevo esquema serán transferidos administrativamente a libros de extranjeros y le serán comunicados al Ministerio de Relaciones Exteriores  de manera que éste a su vez lo informe a los individuos involucrados y a la supuesta embajada correspondiente.

 El Justice Initiative hace notar que la soberanía del estado sobre la nacionalidad está restringida por la prohibición contra la discriminación racial y étnica y que este principio es integral a todos los instrumentos de derechos humanos internacionales y regionales. Además, los procedimientos que ordenó la resolución del Tribunal Constitucional infringen claramente las obligaciones de la República Dominicana con respecto a los principios establecidos sobre los derechos humanos.

 • La Iniciativa de Justicia también expresa preocupación por el hecho de que la sentencia  emplea una definición de nacionalidad  que es inadmisiblemente discriminatoria, haciendo referencia a rasgos raciales y lingüistas al demarcar la nacionalidad . La República Dominicana es signataria de  la Convención Internacional para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Racial (ICERD, por sus siglas en inglés) y como tal contrae obligaciones con los derechos humanos para garantizar la protección equitativa ante la ley al otorgar la nacionalidad y en términos generales, debe eliminar  la discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones.

En la sentencia, hubo dos votos  disidentes. La Juez Isabel Bonilla argumentó que la decisión de considerar "en tránsito" a los individuos que vivieron durante años en la República Dominicana es una interpretación errónea de la constitución: “Como resultado de esta interpretación limitante y de su aplicación retroactiva, esta resolución declara que el demandante es extranjero en el país en el que nació. El hecho de no reconocer su derecho a residir en el país de origen, donde ha establecido lazos sociales y culturales, constituye en sí un sanción que debe pagar a causa de la situación migratoria de sus padres”.

La juez Katia Jiménez argumentó que la decisión deja al demandante, y a miles de personas más afectadas por los efectos de esta resolución, en un estado de inseguridad judicial y, lo más importante, sin patria. Las dos jueces disidentes hicieron notar que la resolución es una violación flagrante a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y directamente en perjuicio de la dignidad humana.

Desde 2005 el Justice Initiative ha trabajado sistemáticamente para poner fin a las políticas discriminatorias en relación a la nacionalidad de la República Dominicana a través de la  documentación , el litigio, la incidencia y el desarrollo de capacidad legal.