El Artículo 51 de la constitución de Venezuela de 1999 es claro: Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad del gobierno para recibir información y obtener "oportuna y adecuada respuesta". El artículo dispone que quienes violen este derecho serán sancionados, pudiendo ser destituidos del cargo respectivo.
Sin embargo, el derecho venezolano a la información pública se respeta en su mayoría sólo de palabra. De las 157 solicitudes de información presentadas durante febrero y marzo de 2008 ante 50 instituciones estatales, se rechazó el 71 por ciento. Aun así, esto representó un pequeño avance respecto de 2007, año en que una investigación similar descubrió que el 87 por ciento de las solicitudes fueron rechazadas.
Estos resultados se obtuvieron en un estudio realizado por Espacio Público, una de las cinco asociaciones que han aunado esfuerzos para coordinar un movimiento de la sociedad civil denominado Coalición ProAcceso destinado a mejorar el entendimiento del público venezolano sobre su derecho constitucional de acceder a la información del gobierno. Las Fundaciones para una Sociedad Abierta apoyan el trabajo de la Coalición ProAcceso mediante fondos no reembolsables entregados a Transparency International.
Según afirma Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, en un conjunto de herramientas preparado para activistas ciudadanos, el mensaje que se pretende transmitir a los ciudadanos venezolanos es muy sencillo: "No permita que le tomen el pelo. Haga valer su derecho a la información".
Se trata de una campaña que ha pasado a ser particularmente importante ya que el gobierno venezolano clausuró decenas de estaciones de radio durante 2009 por haber violado supuestamente normas administrativas y continúa restringiendo los tradicionales medios de comunicación. Dado que hay menos medios informativos disponibles para difundir el mensaje, los miembros de la coalición están usando los medios sociales y sitios de Internet para publicar investigaciones, estimular el respaldo público e instar a los candidatos de las elecciones de 2010 a que se comprometan con un gobierno abierto.
A pesar de los problemas a nivel nacional, hay indicios de progreso a nivel local. El trabajo de ProAcceso fue fundamental para la aprobación de ordenanzas y normas de libertad de información en cinco municipios durante 2008-2009. Tres de los 24 gobiernos estatales de Venezuela han aprobado leyes de libertad de información y tres más están debatiendo leyes para brindar un mayor acceso del público a la información.
En un estudio realizado durante el 2009 a fin de evaluar iniciativas contra la corrupción durante 2009, De Freitas señaló que muchas instituciones locales, las cuales han dado pasos importantes en pos de la transparencia en presupuestos, contratos y procedimientos, podrían instruir al gobierno nacional venezolano sobre mejores prácticas para combatir la ineficiencia y la corrupción.