Los gobiernos de América Latina, si bien no han podido frenar las crecientes tasas de drogadicción y uso de narcóticos, están comenzando a buscar alternativas a la guerra antinarcóticos liderada por los Estados Unidos, la cual ha alimentado la violencia y el crecimiento del crimen organizado. Los legisladores de la región han optado por intentar reducir el daño causado por narcóticos ilegales mediante la adopción de medidas que pongan énfasis en la prevención y el tratamiento, en lugar de la erradicación y la encarcelación.
Las iniciativas para reducir el daño recibieron un impulso del más alto nivel en febrero de 2009 cuando la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, un esfuerzo financiado por las Fundaciones por una Sociedad Abierta y liderado por tres ex presidentes, publicó un informe que instaba a poner fin al tabú que ha evitado que los gobiernos reconozcan la futilidad de las políticas antinarcóticos de represión y exploren alternativas más eficientes en función de las pruebas que respeten los derechos humanos.
Los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo de México han tildado de "fracaso" a la guerra antinarcóticos que ha durado 30 años y han recomendado que los gobiernos de América Latina y los Estados Unidos luchen por una política basada en tres principios fundamentales para "reducir el daño causado por las drogas, reducir el consumo de drogas mediante la educación y combatir agresivamente el crimen organizado".
Varios gobiernos latinoamericanos ya se están inclinando hacia políticas para reducir los daños, en lugar de continuar con las costosas políticas prohibicionistas. "Cada vez más países se inclinan por la despenalización como un enfoque alternativo", afirman Coletta Youngers y John Walsh de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, una organización sin fines de lucro que cuenta con el apoyo de las Fundaciones para una Sociedad Abierta y que controla el impacto de la política antinarcóticos de Estados Unidos en la región.
En un artículo de America's Quarterly (también beneficiario de las Fundaciones), se muestra una tendencia regional a adoptar medidas que aborden el tráfico y el abuso de drogas como temas que recaerían bajo las políticas de salud pública y social, en lugar de problemas relacionados con el cumplimiento de la ley:
- La Suprema Corte de Argentina dictaminó que las sanciones penales por la posesión de drogas para consumo personal eran inconstitucionales.
- México promulgó una ley que despenalizó la tenencia de pequeñas cantidades de marihuana y otras drogas, y al mismo tiempo instó al gobierno a brindar acceso a tratamiento.
- El Ministerio de Justicia de Ecuador comenzó a redactar una legislación que despenalizaría el consumo. La constitución nacional de 2008 afirma que "las adicciones son un problema de la salud pública" y exige a los organismos públicos que elaboren programas de prevención y tratamiento.
- Desde 2002, Brasil ha adoptado una serie de medidas que despenalizan parcialmente el uso personal y reemplazan las condenas de prisión con tratamiento obligatorio y servicios comunitarios.
Estos pasos no se podrían haber dado sin las labores de incidencia y la experiencia de los grupos de la sociedad civil que defienden la reforma de la política antidroga. Un socio clave en este esfuerzo y beneficiario de las Fundaciones para una Sociedad Abierta es Intercambios, una organización sin fines de lucro que estudia los problemas relacionados con el consumo de drogas.
Con el apoyo de las Fundaciones para una Sociedad Abierta, en agosto de 2009, Intercambios reunió a más de 650 representantes del gobierno y expertos en la Primera Conferencia Latinoamericana sobre políticas antidrogas.
En las mesas de debate se debatieron temas que incluían desde la reforma legislativa y el activismo de la sociedad civil, hasta el desarrollo rural, salud pública y la geopolítica de las políticas antinarcóticos. En sus comentarios finales, la Presidente de Intercambios Graciela Touzé destacó el creciente consenso en torno al enfoque no punitivo de las drogas ilegales: "Tal vez por primera vez podemos decir que se produjo un cambio auténtico en la región".
El apoyo al trabajo en materia de políticas antidrogas en América Latina está financiado conjuntamente por el Programa para América Latina y el Programa Global de Políticas de Drogas de las Fundaciones para una Sociedad Abierta.