México debe abordar el problema de las desapariciones forzadas “generalizadas”

NUEVA YORK—Open Society Justice Initiative urge al Gobierno Mexicano a responder con acciones positivas a la evaluación internacional altamente critica de la epidemia de desapariciones forzadas que ha dejado más de 23,600 personas oficialmente registradas como no localizadas o desaparecidas.

El viernes 13 de febrero, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) emitió una valoración severa de las deficiencias de la respuesta del gobierno a lo que describió como “un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio”.

El comité externó su preocupación por el ambiente de impunidad creado por “la casi inexistencia de condenas por desaparición forzada, a pesar de la numerosa cantidad de casos reportados”.

El comité emitió sus recomendaciones después de la primera revisión del cumplimiento de México con la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que el Estado ratificó en 2008. La revisión se llevó a cabo en el contexto de las protestas públicas en México por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el Estado de Guerrero en septiembre pasado.

Las recomendaciones del comité resaltaron las distintas áreas en las cuales el Estado Mexicano ha fracasado en responder adecuadamente a las desapariciones forzadas generalizadas, perpetradas por fuerzas de seguridad federales, estatales y bandas criminales, incluyendo:

  • Falta de estadísticas oficiales confiables sobre desapariciones forzadas;
  • Intimidación y amenazas a familiares de víctimas de desaparición forzada, así como defensores de derechos humanos y defensores de víctimas;
  • La falta de investigaciones efectivas con la debida celeridad;
  • Fracaso en la identificación de casos de desaparición forzada;
  • La no remisión de casos de desaparición forzada con involucramiento de militares a la jurisdicción civil;
  • Falta de registros confiables de las personas que se encuentran bajo la custodia del Estado.

Open Society Justice Initiative, quien ha estado evaluando la  capacidad del sistema de justicia penal de México para investigar y perseguir delitos graves, estuvo entre los grupos que presentó información al Comité.

James A. Goldston, director ejecutivo de Justice Initiative indicó:

“Es imperativo que el Estado Mexicano aborde las desapariciones forzadas generalizadas. Como el Comité reconoció, no estamos lidiando con incidentes de criminalidad aislados, sino con fallas profundas del sistema de justicia penal. Éstas sólo pueden ser resueltas con una auténtica rendición de cuentas y reformas de fondo”.

En la información que presentó al comité, Justice Initiative  mencionó que, después de utilizar la desaparición de personas como una estrategia durante la llamada “Guerra Sucia”, ahora el fenómeno se ha convertido en la marca distintiva de la “guerra contra el narcotráfico”, una guerra basada en el despliegue de las fuerzas de seguridad federal, incluyendo al ejército y la marina.

Las desapariciones han aumentado fuertemente y de manera constante desde el inicio del mandato del Presidente Felipe Calderón en 2006 y han seguido incrementando durante el gobierno del Presidente Peña Nieto, con 5,133 desapariciones reportadas en 2014 – la cifra anual mas alta jamás registrada, que supera las 4,539 desapariciones en 2013. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de México registra más de 23, 600 personas como desaparecidas.

La información presentada al comité por Justice Initiative también enfatizó las debilidades fundamentales del sistema mexicano de justicia penal, así como las constantes deficiencias en la operación de las instituciones creadas para proteger la seguridad y derechos de los ciudadanos mexicanos, incluyendo la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Tomando en consideración que la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas obliga a los Estados parte a contar con información precisa, Justice Initiative resaltó que “durante el último año declaraciones contradictorias y cifras extremamente disímiles han empañado la respuesta del gobierno” al respecto.

Justice Initiative también se refirió al fracaso del gobierno en el avance de las reformas prometidas, incluyendo el inexistente Plan Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas y la no aprobación de reformas a leyes que prohíban las desapariciones forzadas y permitan la investigación y persecución de delitos internacionales en virtud del Estatuto de Roma.