En México, muchas muertes en custodia, pero pocas investigaciones

In Mexico, the problem of deaths in custody―and the failure to investigate them―is particularly acute.

A principios de 2014, tres prisioneros fueron trasladados a una prisión en la ciudad de Acapulco en Guerrero, México. Habían sido transferidos de otro centro penitenciario en Iguala, donde, unos días antes, cuatro presos habían sido asesinados por un grupo armado que aseguraba la entrada de la facilidad. A unas horas de su llegada a Acapulco, los tres prisioneros transferidos también habían sido golpeados por otros presos hasta su muerte.

Esta violencia, frecuentemente asociada con las rivalidades entre carteles de drogas, no es inusual en el sistema penal Mexicano. En Octubre de  2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó la atención sobre cinco incidentes en cinco prisiones Mexicanas en el transcurso de sólo 25 meses, en el que 130 reclusos perdieron la vida a causa de la violencia interna. El Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU, Christof Heyns, también ha expresado sus preocupaciones sobre la muerte en custodia en México. Durante su visita a México en 2013 buscó información comprensible y fiable acerca del número de muertes en prisión y otros lugares de detención, clasificados como homicidios o suicidios sospechosos y encontró que la información no existía. En esta visita también tuvo conocimiento de casos específicos de individuos que habían sido detenidos arbitrariamente, torturados y asesinados. Sin embargo, allegarse de un panorama comprensivo del problema ha resultado imposible.

En 2013 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hizo un llamado al gobierno de la Ciudad de México para tomar medidas para evitar muertes en custodia, mostrando que 521 presos murieron en prisiones Mexicanas entre 2009 y 2013. En los 521 casos, ninguna investigación se llevó a cabo, y las causas de las muertes son aún desconocidas.

De acuerdo con el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de la ONU , “Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”

Los Estados tienen también  la obligación de investigar muertes en custodia, independientemente de si el caso parece implicar actuaciones de guardias, violencia entre internos, suicidios, tortura, condiciones de la prisión o cualquier otra posible causa. Las recientemente adoptadas  Reglas de Nelson Mandela sobre los estándares mínimos para el trato de prisioneros también establece la obligación de investigar toda muerte en custodia. Sin embargo, en México, internos mueren sin que existan explicaciones o investigaciones públicas.

Una mirada al sistema jurídico Mexicano muestra la razón de la fala de rendición de cuentas y la necesidad de una reforma. La actual legislación en materia federal y local no establece explícitamente la obligación de investigar inmediatamente toda muerte en custodia, a menos de que se presuma que la muerte fue a causa de un delito. Por esta razón, las investigaciones son discrecionales y no obligatorias. De igual forma la actual legislación no establece detalles de cómo deben realizarse dichas investigaciones, no establece qué autoridad se encuentra obligada a investigar y no establece que toda muerte en custodia es prima facie una ejecución sumaria o arbitraria.

Un intento notable por cambiar la situación se encuentra en el protocolo adoptado en 2001 en el gobierno del Distrito Federal elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, asistido por Luis Fondebrider del Equipo Argentino de Antropología Forense y Maria Cristina de Mendonça del Instituto Nacional de Medicina Legal de Portugal. Este protocolo establece formas de incorporar las obligaciones internacionales relacionadas con muerte en custodia en el sistema jurídico Mexicano. Desafortunadamente, el protocolo no ha sido formalmente incorporado al sistema jurídico.

El pasado julio, la fuga de Joaquin “el Chapo” Guzman, el señor de las drogas, de la prisión federal del Altiplano destacó la disfuncionalidad del estado sobre el sistema penitenciario Mexicano. No será fácil para el Estado y autoridades mexicanas establecer el nivel de control necesario en un sistema plagado de violencia y corrupción. Sin embargo, establecer la obligación jurídica de que toda muerte en custodia deba ser debidamente investigada y lograr la efectiva implementación es vital para que el cambio suceda.

 

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