La tortura y la investigación fallida del caso Ayotzinapa

Para muchas personas en México, la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes acontecida en un mes como este pero de hace dos años permanece como un doloroso emblema de una falla nacional profunda: el fracaso del estado de proteger a su propia gente. Entre otras cosas, el caso señala la colusión entre organizaciones de narcotraficantes, políticos locales y la policía, el fracaso de las autoridades federales para llevar a cabo una investigación convincente y, evidencia cómo la tortura continúa siendo parte del procedimiento de operación regular de la investigación de delitos.

Tomemos el caso de Patricio Reyes Landa, un supuesto miembro de la organización criminal Guerreros Unidos. Hace dos años, la Procuraduría General de la República (México) llamó a una conferencia de prensa y mostró un video en el cual Reyes Landa y otros tres sospechosos demostraban cómo supuestamente tiraron las cenizas de los estudiantes en un río, después de incinerar sus cuerpos en un tiradero de basura. Ahora, Reyes Landa y otros 90 sospechosos detenidos durante la investigación señalan que fueron torturados para hacer confesiones falsas sobre lo que hicieron y vieron.

Han pasado ya dos años y sigue sin conocerse el destino de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Al mismo tiempo, la versión oficial de los eventos se ha ido desvaneciendo cada vez más.

Un grupo de expertos internacionales independientes concluyó que la historia del gobierno de un incendio en el tiradero, con la fuerza abrazadora suficiente como para quemar 43 cuerpos es imposible desde el punto de vista forense. También informaron que el principal investigador de México pudo haber plantado la evidencia principal, y señalaron que las autoridades no han investigado teorías alternativas, incluso la posible participación de los militares mexicanos.

En todo esto, una cosa es clara: que el uso rutinario de la tortura es una de las razones por las cuales la investigación no ha llegado a ningún lado.

En el caso de Reyes Landa, él denunció ante las autoridades que para que él apoyara su versión del caso, los oficiales lo golpearon, le administraron choques eléctricos tanto en sus testículos como en el cuerpo, y lo amenazaron con violar a sus hijas. Un examen médico que se realizó dos meses después de la supuesta tortura reveló lesiones, costras y cicatrices que eran consistentes con lo que él afirmaba. El grupo de expertos internacionales independientes, invitado a México para apoyar la investigación, documentó detalladamente 17 casos de aparente tortura, entre ellas la de Reyes Landa y todos los demás hombres incluidos en la “representación” que mostró la Procuraduría General en la conferencia de prensa. De los 80 detenidos en el caso Ayotzinapa examinados por los doctores, 61 presentaban lesiones de naturaleza similar.

La Procuraduría General declaró en abril que se encuentra investigando algunas de estas acusaciones, pero no ha habido noticias del progreso ni una pequeña razón de esperanza. El registro de México de someter a juicio la tortura es mínimo. Solo ha habido seis condenas por tortura en los tribunales federales, y todos son sospechosos de bajo nivel. Las recientes reformas judiciales que prohíben la admisión en juicio de evidencia obtenida a través de la tortura son más que bienvenidas pero su implementación ha sido paupérrima.

Los mexicanos desconfían mucho de la policía y de los fiscales, e informan menos del diez por ciento de todos los delitos. Sin embargo, paradójicamente muchos confían en estas mismas autoridades para torturar a los sospechosos "correctos" con el objeto de que confiesen. Ha habido alrededor de 600,000 secuestros en México durante la última década. Es comprensible que la gente esté harta. Algunas organizaciones de víctimas cercanas al gobierno se han convertido en defensoras preponderantes de las tácticas violentas por parte de la policía para localizar víctimas y coaccionar confesiones.

No obstante, la tortura no es solo incorrecta e ilegal, sino que tampoco “funciona”. Las víctimas dicen lo que sea para hacer que el dolor pare. Los torturadores que pueden hacer que cualquier persona confiese cualquier cosa, pueden fácilmente dirigir este poder no solo a los criminales sospechosos, sino también a oponentes políticos e inocentes en juicio ya sea para demostrar “resultados” o para cubrir a los verdaderos autores. La tortura abre la puerta para que se realicen procesos judiciales por pago, lo que crea un espacio más grande para la colusión de las autoridades con los cárteles delictivos.

La tortura también impide la justicia de otras maneras. Cuando los oficiales obligan a una persona inocente a confesar un secuestro u otra desaparición, dejan de buscar a las víctimas que aún están en cautiverio. Cuando los fiscales y la policía pueden obtener condenas basándose en las confesiones forzadas, pierden el incentivo de buscar las maneras adecuadas para investigar los delitos.

En la medida que el destino de los estudiantes de Ayotzinapa sigue sin resolverse otro año más, México debe reconocer que su crisis de desapariciones se relaciona estrechamente con el uso generalizado y sistemático de la tortura. Debe abandonarse el falso encanto de las tácticas violentas. El castigo para los torturadores de Patricio Reyes Landa y otros sospechosos que han confesado bajo dudosas circunstancias podría ser la clave para resolver el caso Ayotzinapa y crear incentivos para localizar y brindar justicia para muchos más desaparecidos en México.