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La guerra contra las drogas es un desastre de derechos humanos causado por los Estados Unidos que ha afectado deliberadamente a las comunidades negras y otras comunidades de color y minorías étnicas por todo el mundo. Hasta el día de hoy, la guerra contra las drogas es una herramienta de autoritarismo y control social, que se ejecuta mediante la actividad policial específica y el encarcelamiento masivo. Como creador y principal financiador de la guerra contra las drogas, los EE. UU. tienen la responsabilidad de promover reparaciones para las comunidades perjudicadas, en este país y en todo el mundo.
En los EE. UU., la legalización del cannabis y otras reformas positivas de la política de drogas han sido acompañadas por demandas sustanciales de reparaciones para las comunidades negras e indígenas en las que la guerra contra las drogas ha tenido los efectos más negativos. Sin embargo, en los Estados Unidos y otros países con mercados de cannabis emergentes, los activistas están luchando contra las corporaciones con liderazgo blanco y a menudo extranjero, para evitar que los ingresos se desvíen de las reparaciones a las arcas corporativas.
En reconocimiento del 26 de junio—el Día de Acción Global de Apoye No Castigue —panelistas de los Estados Unidos, Brasil y Filipinas discutirán las consecuencias de la aplicación de las políticas sobre drogas, el trabajo para desmantelar la guerra contra las drogas en sus propias comunidades y la importancia fundamental de las reparaciones para crear un futuro post-prohibicionista más justo.
Queen Adesuyi es administradora política en la oficina de Asuntos Nacionales de Drug Policy Alliance en Washington, D.C., donde trabaja para avanzar varias prioridades legislativas de DPA al nivel federal.
Mary Cathy Alvarez es abogada de derechos humanos y directora ejecutiva de StreetLawPH, trabaja por el acceso a la justicia para los sectores vulnerables y por una reforma humana de la política de drogas en Filipinas.
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