El congreso mexicano aprueba un fondo de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos

En noviembre de 2010, el congreso mexicano aprobó un fondo de reparación sin precedentes para las víctimas de abusos a los derechos humanos. En cuatro fallos recientes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que las autoridades mexicanas eran las responsables de las violaciones e instó al gobierno de dicho país a que proporcionara una compensación económica a las víctimas y sus familiares.

Varios beneficiarios de fondos no reembolsables del Programa para América Latina de las Fundaciones para una Sociedad Abierta, como Fundar, Centro de Análisis e Investigación, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aunaron esfuerzos para presionar al gobierno mexicano a que pusiera en práctica los fallos del tribunal.

En 2009 y 2010, la Corte Interamericana dictaminó sentencia en cuatro casos de violaciones de derechos humanos. En el caso de Campo Algodonero, el cual recibe el nombre por la ubicación donde fueron descubiertos los restos de varias víctimas de femicidio en Ciudad Juárez, la corte decidió que el estado mexicano era responsable de la discriminación institucional de las mujeres y el fracaso de los agentes estatales a la hora de actuar. En los otros tres casos, la corte halló responsables a oficiales de Ejército mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco y las violaciones de dos mujeres indígenas, Valentina Rosendo e Inés Fernández. Este nuevo fondo del gobierno mexicano otorgará una compensación a estas víctimas y sus familiares.