Surgen cambios en la política estadounidense sobre drogas y crimen organizado
Durante el último decenio, ningún otro país en América Latina recibió tanta ayuda militar y financiera para la lucha antinarcóticos como Colombia. Si bien el gobierno colombiano ha logrado mejorar la seguridad en algunas regiones, no ha podido frenar la industria ilegal de narcóticos, la cual sigue financiando a rebeldes sublevados y milicias de la derecha.
En la actualidad, los carteles están lidiando una sangrienta batalla a lo largo de las rutas de distribución en América Central y México. Sin embargo, la respuesta de los legisladores estadounidenses sigue siendo prácticamente la misma: más asistencia militar y policial en un intento por derrotar al narcotráfico con el uso de la fuerza.
Tres socios de las Fundaciones para una Sociedad Abierta con sede en Washington, D.C., el Centro de Política Internacional (CIP, por sus siglas en inglés), el Fondo de Educación del Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF, por sus siglas en inglés) y la Oficina en Washington para Asuntos Americanos (WOLA, por sus siglas en inglés) lideran la coalición que trabaja por reformar la ayuda estadounidense para América Latina destinada a la lucha antidroga a través de políticas que minimicen el daño causado por el tráfico ilegal de drogas, promuevan los derechos humanos y fomenten la participación de las comunidades locales en programas sostenibles para poner fin a la violencia.
"Just the Facts" es un recurso clave desarrollado por las tres ONG dirigido a legisladores, periodistas, dirigentes sindicalistas y actores de la sociedad civil que se preocupan por la asistencia estadounidense a América Latina. Su piedra angular es una base de datos que incluye información detallada sobre las asignaciones estadounidenses para ayuda militar y económica desde 1996. El blog “Just the Facts" ofrece actualizaciones de noticias y análisis de temas como el abuso de los derechos humanos, el crimen organizado y la corrupción. Otro blog, "Plan Colombia and Beyond", del Centro de Política Internacional (CIP), se concentra en la seguridad y los derechos humanos en Colombia.
El CIP también publicó en diciembre un informe exhaustivo donde se evalúan los esfuerzos liderados por EE. UU. con el fin de combinar la guerra contra las guerrillas con la reestructuración del estado. Tras una serie de de entrevistas y meses de investigación de campo y de documentos, el CIP descubrió graves deficiencias en la nueva estrategia contra las guerrillas de Colombia denominada "Acción integral", como por ejemplo la falta de coordinación entre organismos del gobierno y el hecho de no abordar inquietudes de la comunidad sobre problemas como el del régimen de propiedad.
Estados Unidos también ha suministrado a la agencia de inteligencia colombiana DAS equipo para escuchas telefónicas y capacitación en la lucha contra narcóticos y las guerrillas. En respuesta a la vigilancia ilegal y generalizada por parte de DAS de grupos de derechos humanos, periodistas, jueces de la Corte Suprema y otros actores democráticos, LAWGEF y WOLA organizaron una delegación de derechos humanos que se reunió con miembros del Congreso y del gobierno de Obama. Como resultado de esta y otras iniciativas, el Congreso prohibió nuevos fondos para el DAS y el Presidente Uribe acordó reformar la agencia.
Finalmente, un nuevo informe de WOLA analiza los hechos sobre los esfuerzos realizados para reducir los cultivos de coca y opio e identifica 10 recomendaciones para elaborar políticas más eficaces y menos dañinas. Primer hecho: un enfoque más humano y prometedor con el fin de reducir cultivos para mercados ilícitos sostiene que el orden adecuado es crucial para el éxito sostenible. A menos que existan medios de vida alternativos y viables para los campesinos, las campañas de erradicación resultarán contraproducentes.