Las víctimas de abusos de derechos humanos tienen más acceso a los tribunales
Durante los últimos tres años, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), beneficiario de las Fundaciones para una Sociedad Abierta, ha instado a la Organización de Estados Americanos (OEA) a dar a las víctimas más acceso a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En noviembre, el Consejo Permanente de la OEA expresó su acuerdo unánime con las normas que regirán un nuevo fondo de ayuda legal, lo que constituyó un paso decisivo para alcanzar ese objetivo.
CEJIL acogió el voto como un paso fundamental hacia la adopción de un enfoque de investigación y procesamiento judicial de los casos de derechos humanos más centrado en las víctimas. La decisión de la OEA ayudará a superar la "contradicción que existe entre la necesidad de las víctimas de tener un papel más importante en los litigios ante la Comisión y la Corte y su incapacidad de pagar los costos", dijo Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL.
CEJIL calcula que el costo de litigar incluso un caso relativamente simple ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos puede llegar a ser de US$55.000, sin contar los honorarios legales, un importe que supera considerablemente los recursos económicos de la mayoría de los litigantes.
De conformidad con las nuevas normas procesales aprobadas por la OEA, los estados miembro, los observadores permanentes y los donantes públicos y privados podrán hacer contribuciones al fondo. Un donante escandinavo ya ha prometido US$3 millones, según el embajador colombiano de la OEA, cuyo gobierno está ayudando a promocionar el fondo.
CEJIL ofrece asesoramiento gratuito y representación legal a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y a las organizaciones que las representan ante los tribunales internacionales cuando no pueden garantizar que se haga justicia en sus países. Se ha solicitado al Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, otro beneficiario de las Fundaciones para una Sociedad Abierta, que desarrolle un programa de capacitación para defensores públicos de la región a fin de prepararlos para desempeñarse como defensores de las víctimas.