El proceso de paz en Colombia requiere un sector extractivo que rinda cuentas

Sergio Jaramillo, una de las personas que ha encabezado los esfuerzos del gobierno colombiano para poner fin a medio siglo de conflicto con la organización guerrillera de izquierda conocida como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha señalado que uno de los ejes de cualquier plan de paz definitivo será lograr “la paz territorial.”

Esto se debe a que, a lo largo de los años, gran parte de los combates más intensos ocurrieron en zonas rurales y localidades pequeñas alejadas de centros urbanos, sobre todo cerca de explotaciones mineras dedicadas a la extracción de hidrocarburos, metales y minerales. Esto no es casual. La extorsión de empresas formales por las FARC, así como su propia extracción ilegal de minerales en numerosas regiones, ha profundizado el conflicto que mantienen desde hace tiempo con el Estado.

Aunque la eventual suscripción de acuerdos de paz pondría punto final al control de las FARC sobre territorios donde se extraen recursos naturales no renovables, hasta ahora los acuerdos no incluyen ningún compromiso por parte de estas guerrillas de concluir sus actividades ilegales de minería. De hecho, el Estado debe definir aún de qué manera evitará que otras organizaciones guerrilleras o delictivas sencillamente reanuden las actividades ilegales de minería que abandonen las FARC. 

Sin embargo, más allá de poner el foco en las actividades ilegales, lograr la paz territorial en el largo plazo exigirá fortalecer instituciones públicas nacionales, regionales y locales, para garantizar que las comunidades más afectadas por el conflicto puedan participar en el proceso político. También las empresas privadas de los sectores de minería y energía deberán adaptarse. Estos sectores se encuentran extremadamente centralizados y jerarquizados, pero no podrán seguir teniendo estas características si se espera que sean receptivos a las personas que viven y trabajan cerca de operaciones extractivas. Las empresas deberán considerar progresivamente los impactos sociales y ambientales de sus prácticas, comunicarse en forma directa con comunidades locales, tener en cuenta denuncias e inquietudes, y generar sistemas claros para prevenir problemas y gestionarlos cuando igualmente se manifiesten. Respetar y empoderar a estas comunidades puede contribuir a asegurar que las operaciones extractivas sigan adelante de manera fluida, sostenible y lícita.

Considerar atentamente a los sectores de minería y energía es además importante por otro motivo. El presupuesto nacional de Colombia depende sustancialmente de ingresos generados por la extracción de recursos, y el país podría emplear esos fondos para financiar la implementación del acuerdo de paz. Sin embargo, una mayor participación y movilización política—una de las prioridades del proceso de paz—podría redundar en tensiones socioambientales y protestas sociales, como ha sucedido en Caquetá, donde durante el verano algunos manifestantes impidieron el acceso de camiones propiedad de una empresa petrolera china, o en sitios donde se están poniendo en marcha nuevos proyectos extractivos. La reciente desaceleración de la actividad extractiva, provocada por la caída de los precios internacionales del petróleo y las materias primas, no pondrá fin a esa situación.

En este contexto, el empoderamiento de la sociedad civil y las comunidades locales permitiría que exijan rendición de cuentas al sector extractivo, y el Estado deberá asumir un rol clave de mediación y prevención de una escalada de estos conflictos. La Mesa de Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas, una coalición de organizaciones de la sociedad civil formada en 2013 con el fin de promover la transparencia en el sector de energía, trabaja actualmente para realizar una evaluación de las consideraciones relativas a las industrias de petróleo, gas y minería que preocupan a las comunidades locales, a fin de ampliar el mensaje de la sociedad civil en las acciones de incidencia y adelantarse a los problemas que se están gestando.

La Mesa está integrada por cerca de 30 organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico de 11 regiones de Colombia donde hay presencia de actividades de minería y extracción de petróleo y gas. Hasta ahora, la Mesa ha identificado obstáculos considerables a la posibilidad de que líderes y organizaciones sociales de estas áreas accedan a información que resulta clave para sus comunidades, como los datos sobre inversión de regalías e impuestos, o licencias ambientales e inversiones por empresas y autoridades públicas. Esta tarea puede ser particularmente compleja en regiones como Córdoba, Antioquia, Putumayo y Cesar, donde solicitar información pública podría, en algunos casos, poner en riesgo la seguridad de líderes y comunidades locales.

A la par que Colombia encara la posibilidad de alcanzar la paz, el gobierno, las empresas privadas y la sociedad civil deben trabajar conjuntamente para asegurar que las tensiones sociales no se traduzcan en violencia u otras violaciones de derechos humanos, y contribuir así a que los próximos 50 años no sean iguales a los últimos.