Desafiando el Abusivo Sistema de Detención Preventiva de México

Mónica Esparza comenzó el año 2013 como una feliz joven de 26 años, madre de cuatro hijos, esposa y dueña de un cibercafé y negocio de ropa en la ciudad mexicana de Torreón, Coaluila. Pero su vida dio un giro violento el 12 de Febrero de ese año, cuando la policía municipal la detuvo mientras conducía en un camión con su esposo y su hermano. La detuvieron sin orden judicial, le vendaron los ojos y la llevaron a la habitación trasera de una comisaría. Los oficiales la retuvieron allí ilegalmente durante 14 horas en presencia de miembros del ejército, violándola en grupo y torturándola en un intento de coaccionarla para que dijera que estaba involucrada con uno de los carteles de drogas más grandes de México, Los Zetas. Todo lo anterior ocurrió en presencia de su hermano y su esposo, quienes también fueron torturados. Mónica se derrumbó y firmó una confesión falsa.

Ese día en la vida de Mónica se extendió a siete años más tortuosos como víctima inocente del sistema judicial corrupto e ineficiente de México retenida en la llamada "detención preventiva" a la espera de un juicio y sentencia. El 12 de marzo de 2020, el juez de conocimiento de su caso finalmente la absolvió, reconociendo su inocencia y ordenando su liberación inmediata.

“Dada la demanda popular de un sistema legal eficiente, en ninguna democracia es aceptable violar los derechos humanos de las personas sujetas a procesos penales. Es innegable que la Fiscalía General de la República no pudo probar su caso más allá de una duda razonable, por lo que es justo absolver a la parte acusada y pedir su liberación inmediata,” indicó el juez.

Y, sin embargo, la persecución de Mónica continuó. La Fiscalía General de la República impugnó la decisión del juez, argumentando que hay "ciertas excepciones" para el uso de pruebas obtenidas mediante tortura. Por increíble que parezca, esta perspectiva sobre los derechos humanos es común en el sistema judicial de México. Un año después, la absolución del juez fue confirmada por el primer tribunal unitario, reafirmando la inocencia de Mónica y asegurando su liberación.

La historia de Mónica es uno de los casos más notorios de violencia de género extrema llevados a cabo por las autoridades mexicanas, pero está lejos de ser el único. Según organización latinoamericana de derechos de las mujeres EQUIS, el número de mujeres detenidas y encarceladas por las autoridades mexicanas por cargos similares ha aumentado en un 103,3 por ciento en los últimos dos años.       `

Trabajé en el caso de Mónica como abogada del personal de Centro Prodh, una organización sin fines de lucro que busca promover los derechos humanos y la dignidad en México. Creo que su historia ofrece algunas lecciones importantes sobre cómo combatir el flagelo de la violencia de género. 

Aquí hay algunas conclusiones clave de nuestro caso exitoso para la libertad de Mónica:

• Probamos que el argumento del Estado de detención por cargos de secuestro armado estaba profundamente viciado. En primer lugar, el fiscal nunca identificó a ninguna de sus presuntas víctimas ni presentó testigos. En segundo lugar, sólo los agentes del orden están legalmente autorizados a poseer las armas que se le acusó de utilizar.
• Sometimos a juicio el defectuoso sistema de detención preventiva de México al enmarcar la violencia sexual y de género que sufrió mientras estaba encarcelada como una tortura. El uso de este sistema desalienta a las autoridades a investigar las posibles violaciones de derechos humanos que tienen lugar desde el momento de la detención.
• Nuestro equipo de comunicaciones nos ayudó a desarrollar una exitosa campaña en los medios de comunicación que generaría una preocupación generalizada por el caso de Mónica y, por lo tanto, presionaría al gobierno mexicano para que tomara medidas. Nuestra campaña también se incorporó en lo que se conoció como: Rompiendo el Silencio: Todas juntas contra la Tortura Sexual en México. 
• Gracias a una subvención de apoyo general de Open Society Foundations, pudimos cubrir los costos de la defensa legal de Mónica y ayudar a su familia a pagar su atención médica y sus viajes hacia y desde la prisión donde estuvo encarcelada. 

Las violaciones de los derechos humanos de Mónica fueron tan claras que fueron reconocidas formalmente por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria. Con este reconocimiento, ahora estamos aprovechando el fallo en el caso de Mónica como motivo para absolver a otras mujeres en situaciones similares. Las desigualdades estructurales que permiten que la violencia de género sea tan prevalente en nuestra sociedad también han normalizado su uso como tortura en nuestro sistema de justicia penal. De hecho, el Centro Prodh ha documentado más de 30 casos en los que agentes de seguridad pública han utilizado la tortura sexual para llevar a cabo detenciones contra mujeres y coaccionarlas para que participen en investigaciones penales.

Otro de esos casos es el de Claudia Medina, quien fue secuestrada y sacada de su casa en Agosto de 2012 por miembros de la Armada de México y llevada a una base naval donde los oficiales utilizaron diversas formas de tortura, incluida la agresión sexual, para obligarla a firmar una confesión por un crimen que no cometió. En Octubre de 2012, Medina presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, y en 2016, dos años después de unirse a la campaña Rompiendo el Silencio, las autoridades mexicanas retiraron todos los cargos en su contra. 

Hay demasiadas otras como Mónica y Claudia. No descansaremos hasta que se reforme este sistema abusivo y se haga justicia.