La alta tasa de asesinatos de El Salvador es una crisis humanitaria

Hace pocas semanas, durante una entrevista televisiva sobre la violencia de pandillas que ha plagado durante mucho tiempo este país, el Vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, defendió a su gobierno diciendo: “No somos Afganistán.” Si bien eso puede ser cierto, las estadísticas apuntan a una creciente crisis humanitaria. En 2015, más de 6.600 personas fueron asesinadas. Se trata de 18 asesinatos por día, aproximadamente comparables a la tasa de mortalidad actual en Siria devastada por la guerra.

Los salvadoreños están huyendo de la violencia a niveles sin precedentes. Las estadísticas del ACNUR, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, muestran que el número de solicitantes de asilo salvadoreños en todo el mundo aumentó de 3.776 en 2010 a 22.675 en 2015; los registros se han quintuplicado. Según el Consejo Noruego para los Refugiados, en 2014 había 288.000 desplazados internos en El Salvador. El informe de 2016 Crisis Watch estima que casi 330.000 personas, es decir, el 5% de la población salvadoreña está desplazada internamente por la violencia. En contraste, la proporción de desplazados internos en todo el mundo es de la mitad del uno por ciento.

En el mundo hay más de 21 millones de refugiados, tres millones de solicitantes de asilo y 40 millones de desplazados internos- mayor ahora que durante la Segunda Guerra Mundial. A principios de este otoño, en Nueva York, líderes mundiales fueron convocados a la Cumbre de las Naciones Unidas para los Refugiados y los Migrantes para abordar esta crisis y las inevitables relaciones entre cuestiones de movilidad humana, desarrollo, derechos humanos, cambio climático, paz y seguridad. Otro foro comenzará en diciembre en Bangladesh, el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo.

En Nueva York se puso en marcha un proceso de dos años para abordar la crisis de los refugiados y avanzar hacia un acuerdo o pacto mundial, pero aún queda mucho por hacer. En el Hemisferio Occidental, la comunidad internacional debe reconocer los derechos de las personas con demandas válidas de protección internacional y tomar medidas concretas para asegurar que esos derechos sean respetados. La sociedad civil debe concentrar sus esfuerzos en asegurar que el Pacto Mundial incorpore el Plan de Acción de Brasil -un marco para la protección de los refugiados y personas desplazadas y apátridas en América Latina y el Caribe- así como los compromisos asumidos en San José, Costa Rica, durante la Mesa Redonda de Alto Nivel, Llamado a la Acción: Necesidades de Protección en el Triángulo Norte de América Central, organizado por el ACNUR y la Organización de Estados Americanos.

Como en muchos otros países, el gobierno de El Salvador ha sido reacio a entablar un diálogo sobre desplazamiento forzado por violencia, encontrando más fácil negar la gravedad -o incluso la existencia- del problema. En enero de 2015, la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado en El Salvador (de la cual Cristosal es miembro fundador) envió una carta al Secretario General de la ONU advirtiendo que la verdadera paz en El Salvador no era posible con niveles tan altos de violencia generalizada. Desde entonces, este mismo grupo de organizaciones ha respondido directamente a más de 1.019 víctimas de desplazamiento forzado, proporcionándoles asistencia jurídica y humanitaria, así como apoyo para encontrar opciones de reasentamiento a largo plazo. Sin embargo, la sociedad civil no debe ni puede reemplazar ni sustituir las responsabilidades estatales. La búsqueda de soluciones significativas y efectivas requerirá un diálogo abierto y coordinación permanentes.

Estos espacios se van abriendo gradualmente. Los acuerdos entre Cristosal y la oficina de ombudman (PDDH), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) reconocen en su texto el problema del desplazamiento forzado, con referencias claras a la “asistencia a las víctimas desplazadas por la violencia generalizada en El Salvador.”

Esto es importante, porque aunque el gobierno no reconoce oficialmente el desplazamiento interno por la violencia generalizada, algunas instancias estatales si están dando pasos claros para dar prioridad a la asistencia a las personas que sufren desplazamiento. Queda mucho por hacer en los niveles superiores del Poder Ejecutivo. Los debates internacionales, como los de Nueva York y Bangladesh, pueden contribuir a construir puentes para el diálogo entre la sociedad civil y los gobiernos sobre esta cuestión.

Las soluciones duraderas para las personas desplazadas requieren una visión amplia y de largo plazo basada en la coordinación institucional con la participación activa de las comunidades afectadas, las autoridades estatales y de las propias víctimas. El desplazamiento forzado y la migración deben abordarse con un enfoque basado en los derechos humanos para el desarrollo y la aplicación de las políticas de seguridad.

Eso es lo que está en la agenda en diciembre en la cumbre en Bangladesh, incluyendo la realidad actual de El Salvador y los otros países del Triángulo Norte en Centroamérica. Al igual que Afganistán, El Salvador está  en la cima de la lista de los países más violentos del mundo. Hasta que encontremos un camino hacia la paz, reconociendo principalmente la existencia y los derechos de las víctimas, nuestra crisis de desplazamiento continuará.