El fin de la carrera presidencial de Perú debe marcar el inicio de una reforma electoral

Hasta ahora, la elección presidencial en Perú se ha desarrollado de manera legítima y ha sido convocada respetando plenamente los requisitos del ordenamiento jurídico. No obstante, el modo en que ha discurrido el proceso—que concluirá el 5 de junio, cuando se disputen la presidencia los dos candidatos que llegaron a segunda vuelta—ha puesto en evidencia la fragilidad institucional en el país, a tal punto que la ciudadanía cuestiona la validez de las normas electorales y la actuación de las autoridades electorales.

El proceso ha estado marcado por vacíos, reglas imprecisas e interpretaciones legales divergentes. Nada menos que 19 partidos políticos postularon candidatos, y algunos fueron inhabilitados cuando la campaña ya había empezado, tras la aprobación de una repentina reforma legislativa. Se ha puesto en duda el financiamiento de las campañas y también se ha cuestionado el proselitismo político. Algunos de los candidatos habían sido acusados formalmente de corrupción o habían consignado datos falsos en sus antecedentes personales.

Ninguno de estos datos resulta sorprendente a la luz de las normas electorales vigentes en Perú. Estas normas permiten que los partidos políticos puedan retirar candidatos, incluso poco antes del día de los comicios; y que los candidatos puedan librarse de divulgar cómo se financiaron sus campañas, sin que esto tenga mayores consecuencias.

No obstante, esas situaciones entrañan un riesgo no solo para el proceso electoral, sino también para el candidato que finalmente resulte elegido, ya que su victoria podría percibirse como ilegítima. La ausencia de reglas electorales claras confunde el límite entre lo lícito y lo ilícito, y agrava el distanciamiento entre la población y el gobierno. Refuerza además la creencia de que las opiniones y acciones políticas de los ciudadanos son poco más que gestos formales. De hecho, conforme indica una encuesta reciente, la mayoría de los peruanos cree que el país no está progresando, y si bien en la actualidad el voto es obligatorio, la mitad optaría por no acudir a las urnas si fuera voluntario.

Los dos candidatos que compiten en la segunda vuelta en Perú se han comprometido a impulsar la reforma electoral y han firmado un compromiso conjunto en este sentido. La sociedad civil deberá actuar para asegurarse de que el próximo presidente cumpla este compromiso, y deberá además promover reformas más profundas.

Con ese fin, Asociación Civil Transparencia creó una página web que permite a los peruanos visualizar los gastos de campaña, comparar las distintas propuestas de los candidatos, realizar un seguimiento de las diferentes cuentas de Twitter del gobierno para controlar su neutralidad, y verificar la información que los candidatos divulgan sobre sus antecedentes. También estamos exigiendo reformas institucionales que contribuyan a fortalecer la democracia, y hemos promovido una serie de propuestas para mejorar el funcionamiento del Congreso, el Poder Judicial, la Administración Pública y los procesos electorales.

Estas propuestas incluyen crear mecanismos de transparencia para el financiamiento de partidos políticos, asegurar que los legisladores en el Congreso mantengan reuniones públicas con sus electores en las regiones a las cuales representan para escuchar sus necesidades y demandas, y mejorar el proceso de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia. Por último, la Asociación Civil Transparencia también está trabajando en la creación de una plataforma en línea, que posibilitará que las personas en Perú puedan presentar y debatir sus propias propuestas para fortalecer la democracia en el país.

En los últimos años, el crecimiento positivo en Perú ha mitigado la pobreza y mejorado las condiciones de vida de muchas personas. No obstante, es necesario abordar los factores de fragilidad institucional. Si Perú aspira a que sus ciudadanos se sientan debidamente representados, deberá tomar medidas para que su proceso electoral sea transparente y rinda cuentas a los electores que participan en él.