Sobre cómo España no protege a los alertadores y denunciantes de corrupción

Después de 13 años de servicio en las Fuerzas Armadas, el ex-teniente del Ejército de Tierra, Luis Gonzalo Segura ya estaba hastiado de lo que veía a su alrededor. Allí donde mirase solo veía corrupción, abusos de poder, acoso y privilegios heredados en el ejército español. Y mientras tanto, los altos mandos miraban ufana para otro lado.

Segura comenzó a reunir documentación de los fraudes, facturas falsas y los desajustes en la contabilidad que se iba encontrando. “Por ejemplo, me encontré con que cada mes se pagaban 60.000 € para actualizar un programa informático que ni siquiera estaba instalado”.

Tras denunciar a sus superiores de lo que había descubierto, le aconsejaron que hiciera caso omiso, afirma Segura. Le sugirieron que podría ser ascendido o recibir una medalla si permanecía callado, y que estaría en una situación complicada si siguiera con las denuncias a sus compañeros de armas. Pero Segura se negó a convertirse en un cómplice más. En lugar de disuadirle, no cejó en su empeño de informar sus superiores de cada delito con el que se topaba en el cuartel.

Sus múltiples denuncias nunca fueron atendidas. En 2012, un tribunal militar desestimó sus denuncias sin llevar a cabo ninguna investigación o auditoría. Ni siquiera los fiscales le pidieron que presentara tales pruebas. Con el tiempo, su frustración explotó tomando forma de libro. En 2014, publicó Un Paso al Frente, un compendio de sus vivencias como militar.

El libro describe un mundo lúgubre en el que abunda la impunidad, la corrupción, el abuso de poder, la malversación, el acoso laboral y sexual, en el que las tropas que se ven forzadas a vivir en este entorno se encuentran indefensas. La policía militar, en respuesta a la publicación del libro, arrestó a Segura alegando cargos de falta de disciplina. Estuvo detenido, sin juicio previo, durante 139 días. Como protesta ante esta detención, Segura comenzó una huelga de hambre que duró 22 días.

Durante su tiempo en prisión, comenzó a escribir las memorias de su servicio. Su segundo libro, una novela titulada Código Rojo, presenta un plantel de personajes que va resolviendo varios crímenes, muchos de los cuales están basados en sus experiencias en el cuartel. Un día después de su publicación, fue expulsado del ejército por conducta deshonrosa.

A día de hoy, Segura lleva gastados más de 40.000 € en juicios y afirma que todavía debe más de 30.000 € de los procedimientos legales en los que ha estado involucrado desde 2012. “Vivo, como la mayoría de los alertadores y denunciantes, de la caridad”, sostiene. “Los alertadores y denunciantes no solo perdemos el presente, sino que también nos quedamos sin futuro. Estamos estigmatizados, y se nos considera como un estorbo y como traidores, por eso ni siquiera tenemos un futuro. Ninguna empresa me contratará nunca”.

Desde el 3 de octubre, Segura está esperando al fallo del Tribunal Constitucional sobre su apelación contra los cargos de falta disciplinaria. Es poco probable que falle a su favor. España es uno de tantos estados miembros de la UE que no poseen una legislación para proteger a los empleados ante las posibles represalias que puedan sufrir por denunciar irregularidades. No existen prácticamente ningún código laboral o administrativo que proteja a los alertadores. No existe en el país la costumbre de denunciar irregularidades, y el partido en el gobierno, PP, no parece tener interés en implementar protecciones jurídicas para los alertadores y denunciantes.

Una vez Segura haya agotado todas las vías jurídicas que el estado español le ofrece, podría presentar una apelación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En un acto de apoyo a Segura antes de que se produzca una resolución, la organización Plataforma X la Honestidad y un grupo de alertadores y denunciantes españoles han organizado un evento internacional, apoyado por la Open Society Foundations, en la cual alertadores y activistas anticorrupción llegados de toda Europa hablarán sobre sus propias experiencias y mostrarán su solidaridad con Segura.

La historia de Segura no es más que una de tantas en España, en donde unos valientes funcionarios públicos han dado a conocer estas irregularidades denunciando gran cantidad de importantes casos de corrupción. Aun así, el papel de los alertadores y denunciantes a la hora de tomar decisiones democráticas y transparentes todavía no está bien entendido en España, permitiendo que exista la posibilidad de que campañas de desprestigio perjudiquen a aquellos que alzan la voz.

Por desgracia, no es un problema único de España; en toda Europa, la protección para los alertadores y denunciantes sigue siendo limitada e imperfecta. Tanto las instituciones nacionales como europeas carecen de una legislación general que ampare a los alertadores y denunciantes y estas demuestran poca voluntad política para hacer algo sobre el tema. Incluso en instituciones donde sí existe la protección jurídica a los alertadores y denunciantes, sin embargo, la normativa es a menudo poco clara, no asegura el anonimato y no acaba de incluir a todos los empleados públicos y a sus trabajadores.

Hasta que España y Europa no intenten poner fin a este maltrecho sistema, la corrupción y el abuso de poder continuarán encubiertos e instigados por aquellos que se aprovechan cuando los alertadores y denunciantes permanecen en silencio o acallados o bien reprimidos. Sin una reforma real, los empleados públicos como Segura seguirán siendo castigados por hacer su trabajo y por cumplir los valores que profesan sus instituciones y, en definitiva, será el bien de todos el que se verá perjudicado.