Los ciudadanos de Paraguay ejercen su derecho a la información

En los últimos tiempos, los funcionarios públicos de Paraguay han estado expuestos a un escrutinio sin precedentes en el país, posibilitado por una nueva ley de acceso a la información que entró en vigor en septiembre.

Tras conocerse que la Universidad Nacional de Asunción pagaba salarios de catedráticos a una secretaria y sus familiares, los alumnos organizaron protestas masivas que propiciaron el despido de altas autoridades de esa institución. También están saliendo a la luz escándalos de similares características en otros organismos públicos, donde numerosas personas recibieron pagos por trabajos que nunca habían desempeñado.

El reclamo de transparencia se ha ido acrecentando durante más de una década en el país, que sistemáticamente se clasifica entre los más corruptos del mundo. En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el acceso a la información es un componente fundamental del derecho a la libertad de expresión. En 2013, la Corte Suprema de Justicia de Paraguay emitió un pronunciamiento similar. Y ese mismo año, luego de que los legisladores votaran contra el desafuero de un senador acusado de utilizar fondos públicos para pagar los servicios de su niñera, numerosos ciudadanos indignados prohibieron el ingreso de congresistas a tiendas privadas, como restaurantes y peluquerías, en señal de protesta.

La Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada en 2014, es el resultado de los esfuerzos perseverantes de organizaciones de la sociedad civil nacionales, con apoyo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, la principal coalición latinoamericana de organizaciones de defensa de la libertad de expresión e información. El Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), una organización paraguaya que promueve el desarrollo sostenible y los derechos humanos, integra la Alianza Regional y trabajó en estrecha colaboración con el gobierno de Paraguay para implementar la ley.

A través del Portal Unificado de Acceso a la Información Pública creado en el marco de esta ley, los ciudadanos paraguayos pueden buscar información sobre su gobierno, incluidas listas actualizadas de funcionarios públicos, con descripciones detalladas de sus salarios y responsabilidades. Se han presentado más de 600 pedidos a través del portal, y los recursos planteados en casos en los que se negó la información fueron acogidos favorablemente por la justicia. También se han dictado procesamientos y órdenes de prisión preventiva a raíz del descubrimiento de nuevos casos de corrupción.

Sin embargo, el acceso a la información no solo permite revelar casos de corrupción. Tiene además el potencial de mejorar la calidad de vida de las personas. El Portal de Información permite publicar un volumen considerable de datos que podrían resultar de utilidad para la población, como listas actualizadas al instante de medicamentos proporcionados por instituciones estatales, la disponibilidad de camas de terapia intensiva y rankings de los mejores establecimientos educativos, así como sus condiciones edilicias.

El desafío de cara al futuro será conseguir fortalecer la institucionalidad gubernamental en torno al acceso a la información. Actualmente, una Dirección dentro del Ministerio de Justicia se ocupa de esta tarea, aunque lo hace con más mística que recursos. Esto no será sostenible en el tiempo. Se necesitará invertir en forma significativa para que el Portal de Información y las instituciones que lo sostienen sigan funcionando.

Aun así, todos los indicios apuntan a que la ley seguirá teniendo resultados exitosos. En las elecciones municipales celebradas recientemente, fueron muchos los candidatos que prometieron transparencia durante su campaña, y el tema ocupó un lugar central en el discurso pronunciado por el presidente Horacio Cartes a fin de 2015. En el discurso de asunción de mando, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia Alicia Pucheta—que sin duda alguna se pronunciará en causas vinculadas con esta ley—destacó la responsabilidad que compete a la totalidad del sistema de justicia de “vivir con transparencia”.

Además de valiosas, estas expresiones públicas de compromiso son necesarias. Es improbable que los ciudadanos paraguayos estén dispuestos a renunciar a un derecho que ya han asumido con tanto entusiasmo.