La lucha contra la corrupción congrega a guatemaltecos de sectores rurales y urbanos

El año pasado, cuando durante más de veinte sábados los guatemaltecos se manifestaron para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, pudimos dejar atrás una suerte de parálisis que, por varias décadas, permitió que la dirigencia económica y política embolsara beneficios obscenos dilapidando las arcas públicas.

Según se señala en denuncias planteadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), mientras los guatemaltecos vivían en una situación de precariedad permanente—por ejemplo, sin escritorios en nuestras escuelas ni medicamentos en hospitales—los funcionarios gubernamentales trabajaban en estrecha colaboración con algunos miembros del sector empresarial, incluidos bancos y contratistas del Estado, para apropiarse de millones de dólares.

Cuando salieron a la luz los escándalos de corrupción en abril de 2015, algunos de nosotros, a pesar de que prácticamente no nos conocíamos, iniciamos el hashtag #RenunciaYa. Luego, varios participantes de ese grupo formamos #JusticiaYa (@justiciayagt en Twitter) para inspirar a otros a investigar e informar sobre lo que estaba sucediendo en nuestro país.

A medida que convocamos a marchas, fuimos conociendo a muchas otras personas de zonas rurales y urbanas que estaban expresando los mismos reclamos: que renunciara el presidente; que se reformara la ley electoral para, entre otras cuestiones, democratizar las normas aplicables a los partidos políticos, asegurar una mayor inclusión de minorías en las elecciones y regular el tiempo en televisión asignado a los candidatos de modo que fuera igual para todos; y que se facilitara el avance de los procesos judiciales contra Pérez, Baldetti y más de doscientos funcionarios, operadores políticos y empresarios capturados.

Y tuvimos éxito. Pero aunque ahora tenemos un nuevo Presidente, Jimmy Morales, nuestra labor no está terminada. Debemos asegurarnos de que la corrupción no continúe. Por ese motivo, hemos aunado esfuerzos con otras organizaciones—muchas de ellas estudiantiles y que surgieron en las movilizaciones—para crear asambleas ciudadanas, y fijar objetivos comunes. En primer lugar, tuvimos que conocernos entre nosotros y entablar lazos de confianza, o lo que nosotros llamamos “tejer redes.” Por ejemplo, una idea es conectar el malestar reciente en los centros urbanos con la resistencia ancestral de las comunidades indígenas que ha existido en Guatemala durante mucho tiempo. 

Estamos trabajando en una iniciativa denominada “Diálogos Ciudadanos,” en la cual, a lo largo de varios días, distintas organizaciones rurales y urbanas ponen en común sus experiencias y se realizan mesas de trabajo para identificar nuevas propuestas. La idea es fortalecer nuestra capacidad de empatía y acción, un tema que cobró especial relevancia durante las protestas.

Nosotros percibimos las manifestaciones masivas del año pasado como una especie de erupción volcánica. Antes de que la lava empiece a enfriarse y se endurezca, debemos moldearla para transformarla en algo que nos permita cambiar la dinámica de poder que sigue concentrada en círculos corruptos. Para construir una nueva sociedad, debemos adoptar nuevos valores. Hoy podemos decir que se ha trastocado un paradigma: las personas ya no seguirán tolerando el enriquecimiento ilícito, y lo rechazan enérgicamente. A partir de ese acto de valentía, deseamos construir, en el imaginario colectivo, un país donde todos los niños puedan asistir a la escuela, y donde nadie muera a causa de enfermedades que pueden ser tratadas. Un país que sea un lugar con esperanza.