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La reforma a las políticas de drogas llega a México

A man rolls a joint during a demonstration in front of the Mexican Senate in Mexico City, Mexico on September 28, 2016. © Pedro Pardo/AFP/Getty

El mes pasado, la Corte Suprema de México dictó dos decisiones que anularon la prohibición del uso personal de la marihuana, en México. La Corte afirmó el poder del individuo, en lugar del Estado, para decidir qué hacer con su propio cuerpo. Más importante aún, anuló una de las forma de prohibición y llevó a la “guerra contra las drogas” en México más cerca que nunca de su fin.

Ambos somos demandantes en los dos casos y, durante la última década, hemos trabajado como defensores de la reforma de la política de drogas desde donde hemos tratado de despenalizar el consumo de cannabis en México. La Corte Suprema ya había erosionado la prohibición del cannabis en tres ocasiones anteriores entre 2015 y 2017. Junto con sus decisiones más recientes, la Corte Suprema de México creó un nuevo precedente que los tribunales inferiores deberán aplicar a sus fallos.

Como resultado de estos fallos, todos los jueces de México deben usar nuevos criterios para los casos relacionados con la posesión o el uso de marihuana. Esto no es poca cosa, recientemente, en 2014, la Oficina del Fiscal General inició casi 5000 consultas preliminares por "consumo" y otras 4000 por "posesión" de marihuana, a pesar de que estas actividades no están sancionadas por la ley. Este cambio puede ayudar a reducir el encarcelamiento masivo en México.

Mientras tanto, un Congreso recién elegido debe enfrentar una pregunta básica: ¿Cuál es el modelo de política apropiado para regular legalmente las drogas en México?

Es alentador que el gobierno entrante ya se haya comprometido a establecer un mercado regulado de cannabis. Si bien es probable que su propuesta sea modificada, la mayoría de los principales partidos políticos ya se han pronunciado a favor de alguna forma de despenalización (Incluso algunos están interesados en modelos para la regulación). La nueva administración también está considerando cómo perdonar u otorgar clemencia a 10,000 personas, que no han cometido actos violentos, y que cumplen condena por simple posesión de marihuana.

Durante años, las políticas de mano dura contra el crimen en México sirvieron como modelo y fomentaron la violencia en América Latina. Actualmente, México tiene la oportunidad de traer otra vez al centro de la discusión a las personas y comunidades que están marginadas por la militarización, y asegurar que las políticas de drogas respondan principalmente a las necesidades de estas personas. El fin de la "guerra contra las drogas" debe basarse en sus experiencias.

En última instancia, las políticas punitivas contra las drogas no han reducido los niveles de violencia en México. De hecho, por lo general han empeorado la situación. En un momento en que algunos países latinoamericanos parecen estar en contra de los derechos humanos, una vez más México tiene la oportunidad de guiar el camino, pero, esta vez, hacia la justicia.

Resulta fundamental el rol de los defensores, los expertos y las comunidades afectadas para crear propuestas con el fin de construir seguridad con paz, igualdad y dignidad para todos. La regulación legal es el primer paso hacia las leyes de drogas más inteligentes, que privilegiarán la salud pública y los derechos humanos. A medida que México comienza el doloroso camino hacia la reconciliación y la construcción de la paz, aún le queda mucho trabajo por hacer. Pero, por primera vez en décadas, el futuro parece más esperanzador.

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