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Seguir el rastro del dinero en la política chilena

Supporters of Chilean President Michelle Bachelet wave flags during her re-election campaign in Santiago on December 15, 2013. © Jorge Saenz/AP

La conjugación de dinero y política perjudica a democracias de toda América, desde Estados Unidos, donde las elecciones presidenciales han estado marcadas por el dudoso origen de algunos aportes de campaña, hasta Brasil, donde una serie de escándalos han provocado una profunda crisis política, que culminó con un controvertido proceso de juicio político contra la presidenta. Estos y otros casos han hecho aún más evidente que los costos y los beneficios de la democracia no se están repartiendo de manera equitativa.

En Chile, en particular, este problema posiblemente sea más nítido que en cualquier otro país.

Chile es el país con mayor desigualdad de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y a su vez forma parte de la región más desigual del mundo. Tras una dictadura militar que duró casi 20 años, la transición democrática fue impulsada por partidos políticos que apenas estaban despertando luego de un extenso letargo. Esto tuvo como resultado un país caracterizado por una modelo de financiamiento político muy poco transparente y un sistema económico neoliberal extremo, cuyo impacto recién comienza a ser perceptible.

La organización sin fines de lucro Ciudadano Inteligente se creó en 2009 con el objeto de reducir la desigualdad en Chile y otros países de América Latina, y enfocó su labor en fortalecer la democracia, defender la transparencia y aplicar la tecnología para estos fines. Desde entonces, hemos puesto en marcha proyectos que facilitan el acceso a la información, la observación de elecciones, la vigilancia de funciones gubernamentales y la apertura legislativa, entre otras cosas.

Una de nuestras iniciativas más consecuentes está vigente desde 2013, cuando empezamos a preguntar a los candidatos chilenos a cargos públicos “¿Quién te financia?”. Como las leyes vigentes no nos permitían obtener esta información por ningún mecanismo oficial, empezamos esta campaña pública para generar mayor conciencia sobre el tema. Lamentablemente, pese a nuestra insistencia, los legisladores se negaron a actuar para transparentar esa información.

Pero en septiembre de 2014, se produjo un cambio radical. Varios escándalos —uno de ellos sobre falsificación de facturas por servicios que nunca fueron prestados y en el cual estuvieron implicados miembros del Congreso y un grupo económico— pusieron al descubierto un sistema de financiamiento de campañas que operaba sistemáticamente al margen de la ley. Legisladores, ministros actuales y anteriores, e incluso la nuera de la presidenta han sido investigados e imputados. Esto ha menoscabado profundamente la legitimación de las instituciones públicas, cuya imagen se ha desprestigiado como nunca desde que el país comenzó a vivir por primera vez en democracia, hace casi 20 años.

Ciudadano Inteligente debatió acerca de cuál debía seguir siendo nuestro rol a medida que avanzaran las investigaciones. En ese momento, parecía que los únicos que hablaban sobre el escándalo eran los actores implicados, y entonces decidimos que era necesaria una nueva voz neutral, que reflejara los intereses de los ciudadanos. Tomamos la determinación de iniciar acciones legales para que los responsables rindieran cuentas por sus actos. Planteamos acciones por presuntos sobornos contra legisladores, ex legisladores y ex ministros que recurrieron a prácticas irregulares de financiamiento de campaña. Este mes, un político imputado por sobornos ha sido encarcelado. Y el juicio sigue adelante.

En respuesta a los escándalos, la presidenta chilena Michelle Bachelet instó a que se conformara un Consejo Asesor Presidencial Contra Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción, en el cual participó Ciudadano Inteligente. La actuación del consejo redundó en una serie de proyectos de reforma legislativa sobre financiamiento político, partidos políticos y otras cuestiones. Si bien ya se han implementado varias reformas, otras todavía se encuentran pendientes. Junto con Espacio Público, una organización dedicada a mejorar el debate público en Chile, lanzamos un Observatorio Anticorrupción para seguir el avance de los proyectos y su debate en el Congreso.

En este sentido, la historia de Chile todavía está siendo escrita. Sería ingenuo pensar que, solo porque hubo algunos escándalos, en adelante el país va a redistribuir el poder de manera más democrática. Sin embargo, el flujo de información que existe actualmente y la demanda constante de rendición de cuentas son factores positivos que deben ser apoyados. Es tiempo de que todos podamos intervenir en las decisiones sobre asuntos públicos, y de reconocer que las voces de los ciudadanos deben ser escuchadas, en las redes sociales y en los tribunales de justicia, y también en el Congreso, en las calles, los hogares y las oficinas. Todos los días. 

Ciudadano Inteligente recibe financiamiento de Open Society Foundations.

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