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Industrialización de la coca

A worker inspects bottles of Coca Sek (Sun Coke) at a bottling and distribution plant in Popayan, Colombia, on February 2, 2006.   © Matt Shonfeld/Redux

Durante décadas, la erradicación y sustitución de la coca, para supuestamente detener el tráfico de cocaína desde la raíz, fueron las únicas políticas contempladas en Colombia para lidiar con una planta que siempre había sido parte de su cultura. Estas políticas fracasaron en reducir el cultivo de coca a largo plazo, perjudicaron a las comunidades más vulnerables del país e intensificaron la guerra civil más larga de América. El Acuerdo de Paz de 2016 marcó el primer cambio importante hacia un nuevo enfoque, que prioriza los derechos humanos y la salud pública en el tema de la coca. Asimismo, un nuevo informe titulado La industrialización de la coca: un camino hacia la innovación, el desarrollo y la paz en Colombia, explora los usos benéficos de la coca, tanto nuevos como antiguos, y visibiliza varias iniciativas comunitarias que se han fortalecido en este nuevo giro hacia políticas más sensatas.

En los años ochenta y noventa, la “guerra contra las drogas” global de los EE.UU. detonó la guerra de carteles en Colombia. Al interrumpir el suministro de coca desde Bolivia y Perú, también ayudó a convertir a Colombia en la principal fuente mundial de coca y cocaína. Las áreas rurales aisladas, históricamente descuidadas por el gobierno, de repente se convirtieron en un campo de batalla estratégico en la guerra contra las drogas. El largo conflicto sobre la desigualdad política, económica y de la tierra se intensificó a medida que nuevos recursos ilícitos alimentaron el enfrentamiento entre las guerrillas, los paramilitares y el Estado colombiano. Las estadísticas, que aún se están contabilizando, son impactantes: el conflicto cobró más de 200,000 vidas, desplazó a casi 6 millones de personas y resultó en 27,000 secuestros y 25,000 desapariciones.

A lo largo de este periodo, Estados Unidos y sucesivos gobiernos colombianos insistieron en emprender una campaña inhumana para eliminar la planta de coca. Esto, según ellos, debilitaría el comercio de cocaína y a los grupos armados que se alimentan del mismo. La verdad fue todo lo contrario: además de violar derechos humanos, aumentar el hambre, suscitar la migración forzada, destruir el medio ambiente y dañar la salud de los habitantes, la política colombiana de coca fortaleció a los grupos armados. Alienó el campo y fracturó comunidades rurales; llevó a miles de campesinos a quedar en manos de traficantes de cocaína, paramilitares y guerrillas.

En resumen, la política colombiana contra la coca, patrocinada por los Estados Unidos, militarizó la situación y la empeoró. Creó un contexto político en el que una combinación de mayor fuerza militar, un gasto fiscal enorme y una creciente cifra de muertos se veía como el único camino a seguir. La industrialización de la coca ofrece una ruta diferente. Reflexionando sobre el contexto del histórico acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y las FARC, el informe:

  • explora la historia de milenaria, y a veces olvidada, de la coca colombiana y su valioso papel en la cultura, la identidad, la soberanía y la nutrición de las comunidades indígenas y multiétnicas de los Andes y el Amazonas;
  • presenta los resultados de una investigación sobre el valor nutricional de la coca —una de sus innumerables aplicaciones, socavadas por prejuicios culturales y raciales, en lugar de ciencia— y repasa las leyes que han obstaculizado tanto la investigación científica como el desarrollo de usos benéficos de la coca;
  • explora el Modelo Lerma: un enfoque novedoso para abordar las necesidades de bienestar, tecnología y políticas de coca de las comunidades cultivadoras, desarrollado en asociación por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Lerma, un pueblo visionario ubicado en el Cauca. Esta alianza obtuvo el primer permiso en la historia del país, expedido por el Fondo Nacional de Estupefacientes, para realizar investigaciones con coca, sentando las bases para construir una política basada en la evidencia y centrada en los derechos humanos, donde la reforma a las leyes, la regulación y el desarrollo industrial de la coca se lidera por las comunidades.

La asociación SENA-Lerma brinda lecciones valiosas para los legisladores y reformadores en Colombia, en toda la región andina y en todo el mundo. Demuestra la importancia de impulsar el cambio de políticas a través de la ciencia, la experimentación y un diálogo abierto entre la población local, los expertos y los legisladores.

David Restrepo es un beneficiario de las Open Society Foundations.

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