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No Debemos Olvidar a los Hijos de las Personas Encarceladas

Mujeres y niños parados en fila tras una cerca de la prisión.
Personas esperando en una fila para visitar a sus parientes, en una prisión en Ayacucho, Perú, en julio 17 de 2018. © Boris Heger/REA/Redux

Al principio de este mes, Gurises Unidos y Church World Services lanzaron un informe, titulado Childhood That Matters: The Impact of Drug Policy on Children of Incarcerated Parents in Latin America and the Caribbean. En este informe se examina cómo los derechos de los niños se ven afectados por la política contra las drogas cuando se encarcela al padre o encargado.

Soy de Malvin Norte, un barrio marginalizado a las afueras de Montevideo, Uruguay. La mayoría de los habitantes del barrio no tienen un empleo formal; para poder sobrevivir y mantener a la familia, recogen y separan la basura. Muchos de ellos venden drogas también. Mi padre era una de estas personas.  

Compartí mi experiencia con los investigadores para ilustrar cómo las políticas actuales contra las drogas separan a las familias, refuerzan los patrones de comportamiento destructivos y perjudican a los niños, los cuales no tienen a quién recurrir. Mi historia es solo una, dentro de las de los miles de niños de Latinoamérica y del Caribe cuyos padres han sido encarcelados por delitos no violentos relacionados con las drogas.

Un día, cuando tenía 15 años, mientras mi hermano menor y yo salíamos para el colegio, nos detuvieron unos policías. Estaban realizando redadas en nuestro barrio. Nos esculcaron a ambos y entraron a nuestra casa. Encontraron drogas y luego detuvieron y arrestaron a mi padre. No nos dijeron lo que debíamos saber sobre el proceso que se avecinaba. Ni siguiera sabíamos cuándo regresaría a casa. 

Desde ese momento, nuestras vidas cambiaron para siempre. Abandoné el colegio y me concentré en ganar dinero. Pasábamos horas viajando a la cárcel para visitar a mi padre. Ya que las autoridades de la cárcel no le suministraban muchas de las cosas básicas; tuvimos que comprar y entregarle alimentos,  productos higiénicos y ropa. Estas visitas a menudo incluían registros corporales violentos e innecesarios. A veces, botaban lo que le habíamos llevado a nuestro padre, en vez de dárselo.

Lamentablemente, nuestra experiencia no fue la única.

En Childhood That Matters, los investigadores se concentraron en las relaciones entre los padres encarcelados y sus hijos e incluyeron los testimonios de 70 niños (entre ellos, yo) que tienen familiares en la cárcel por delitos no violentos relacionados con las drogas en México, Colombia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, Uruguay o Panamá. En el estudio se concluyó que aproximadamente 2’300.000 niños en la región tienen padres encarcelados y, de dicho total, 500.000 son como yo, tienen padres que han sido encarcelados por delitos relacionados con drogas. 

En el informe se delinean recomendaciones que pueden conducir a una reforma que protegerá y apoyará a los niños, las cuales incluyen:

  • involucrar a los niños y jóvenes, incluyendo a los hijos de padres encarcelados, en todas las discusiones sobre las políticas públicas, la legislación y las decisiones que los afectan, ya sea directa o indirectamente. 
  • segurar la participación de los niños y los jóvenes en el diseño, la implementación y la evaluación de dichas políticas.
  • establecer espacios para escuchar a los niños y jóvenes cuyos encargados están encarcelados.
  • incluir en las instituciones educativas a equipos de psicólogos, trabajadores sociales e intermediarios que estén capacitados para ofrecer cuidado a los niños y sus familias.
  • asegurar que el encargado sea detenido en la cárcel más cercana al lugar donde viven sus hijos.

Mi vida dio un vuelco total cuando era adolescente. Aprendí, de primera mano, que una sentencia en la cárcel afecta, a larga, a la familia entera, no solo al recluso. Mi esperanza es que los políticos tengan en mente a los niños y jóvenes, como yo, al formular las políticas contra las drogas, y que comprendan cómo sus decisiones se extienden más allá del sistema judicial y que estas afectan a las comunidades que ya viven marginadas. 

Gurises Unidos es un concesionario de Open Society Foundations.

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