Una burla a la justica para los indígenas encarcelados en México

Carlota, cuya lengua nativa es el Zapoteco y habla muy poco Español, ha estado encarcelada desde el año 2015 tras ser arrestada cuando le mostraron una orden de allanamiento, la cual ella no pudo leer, y mucho menos entender.

Luego fue llevada a una estación de policía donde le pidieron que firmara más documentos. Después de varios días, la enviaron en avión desde Salina Cruz, su ciudad de origen, a Ciudad de México, en donde le pidieron que entregara un testimonio en Español y que posteriormente firmara una serie de papeles y documentos uno más incomprensible que el anterior.

Sería únicamente hacia el final de este descabellado proceso cuando la pesadilla cobraría aún más vida. A Carlota finalmente le leyeron la orden de arresto en su idioma, y fue sólo en ese momento en el que una abuela de 66 años oriunda de Oaxaca, México, cayó en cuenta que la estaban acusando de trata de personas.

Tristemente la historia de Carlota no es una historia inusual. A lo largo y ancho del territorio Mexicano existen alrededor de 6,500 indígenas tras las rejas. Muchos de ellos y ellas enfrentan tal nivel de barrera idiomática, que su derecho a un juicio justo termina siendo poco más que una cruel burla. Es más, debido a las injusticas estructurales que este sistema ha traído, el gobierno Mexicano amparado en su ley de amnistía decidió otorgar la posibilidad para que los indígenas en prisión puedan aplicar a un proceso para ser liberados, en los casos en los que las barreras del idioma hayan llevado a una condena.

Carlota insiste en su inocencia y ha enviado una solicitud formal para su amnistía. Sin embargo y a pesar de que ya ha transcurrido casi un año, el gobierno Mexicano aún no ha liberado a una sola persona a través de esta ley. Su pedido es uno más de los más de mil que siguen sin respuesta.

En nuestros 15 años de trabajo y operación, el Centro de Asistencia legal indígena (Indigenous Legal Advice Center) ha registrado numerosas violaciones a los derechos humanos dentro del sistema judicial Mexicano hacia personas como Carlota. Hemos encontrado que el sistema judicial en México carece de suficientes intérpretes/traductores de lenguas indígenas. Cabe añadir, y es motivo de gran preocupación, que la conciencia y sensibilidad intercultural no es una prioridad para muchos de los funcionarios que dirigen estos sistemas. La discriminación y el racismo tienen vía libre.

En Oaxaca, por ejemplo, el 60 % de la población indígena encarcelada no tuvo acceso a un interprete/traductor, de acuerdo con Así Legal, una organización de la sociedad civil en México que brinda asistencia legal a personas en estado de vulnerabilidad que se encuentran privadas de la libertad.

De las personas que, si tuvieron acceso a interpretación/ traducción, un enorme 46 % manifestó que, a pesar de ello, no entendieron la información que se les estaba dando. De acuerdo con datos de del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información de México, el 47% de los indígenas encarcelados en Oaxaca carecieron de asistencia legal en el momento de su arresto. En algunos casos, ni siquiera tuvieron un defensor público sino hasta el momento de su comparecencia ante un juez.

Debido a que el gobierno Mexicano no aporta datos confiables, en especial sobre comunidades y personas en estado de vulnerabilidad, no podemos tener total certeza sobre la dimensión del problema. Pero con los datos que tenemos, los cuales han sido recopilados con el gran esfuerzo de los grupos de sociedad civil, podemos ver que no hay justicia.

A pesar de esto, vemos que existe una solución: Es el momento para que el gobierno Mexicano aplique de manera seria y sistemática la Ley de Amnistía aprobada en 2020.

Al hacerlo, demostrará claramente un primer esfuerzo para compensar a los indígenas por el maltrato al que han estado expuestos en el sistema judicial Mexicano. Aún más, para que dicha ley funcione, el gobierno Mexicano debe destinar fondos para contratar mas interpretes/traductores, así como defensores públicos bilingües y jueces. También deberá diseñar políticas de reintegración públicas, frenar las excesivas detenciones preventivas y, sobre todo, ceñirse a estándares internacionales en cuanto a lo que a los derechos de los indígenas y otras minorías en estado de vulnerabilidad se refiere.

Sólo entonces podrán personas como Carlota llegar a recibir justicia, después de tantos años de sufrimiento.